06 mayo 2012

El desvío del cauce del Guadalete en Grazalema.
Un atentado ecológico que espera respuestas.



Bajo la atenta mirada del Peñón Grande -que no sale de su asombro-, cuando aún no ha recorrido 3 km desde su nacimiento en las cercanías del Puerto del Boyar, el Guadalete entra en el casco urbano de Grazalema para ser severamente castigado.

Tal vez sea su ardor juvenil de torrente serrano. Tal vez, esa alegría inconsciente de río recién nacido que le hace ir “cuesta abajo y sin frenos”. El caso es que cuando su cauce llega a las primeras calles de Grazalema, después de haber descendido casi 250 metros entre cantos de caliza y adelfas, con una pendiente media en este primer tramo cercana al 10%, al río le espera un serio correctivo. Y para ello, para “meterlo en vereda”, al pasar junto a la Plaza de la Asamblea y a la calle Chorrito se le ha desviado de su cauce de “toda la vida” y se le ha construido uno nuevo, de rocas y hormigón, un canal para que no se “salga de madre”, se “enderece” y discurra por donde se le diga. Y de paso para que parte de sus riberas, que eran un obstáculo y estorbaban con sus adelfas, sus álamos y sus fresnos, dejen sitio a un gran bloque de pisos, apartamentos y garajes. Que en eso, al fin y al cabo, piensan algunos que consiste el progreso.

A broma nos podríamos seguir tomando el incidente si no fuera porque estamos hablando de un grave delito, de un atentado ecológico de primer orden, realizado con el mayor descaro a la vista de todos, Peñón Grande, incluido.

La cosa empezó en el verano de 2005 cuando una empresa, Inmocentral, al calor de la voracidad constructiva del momento, empezó a levantar un edificio en un solar colindante con el río que, previamente, había sido desviado de su cauce. Para ello se trazó un nuevo canal alternativo, de rocas y hormigón, que aún puede verse, tal como muestran las fotografías.

Las obras contaban con licencia del ayuntamiento, con el visto bueno del arquitecto municipal y del gobierno de la localidad serrana y comenzaron entre el estupor de los vecinos que no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Ese mismo verano se formularon ya las primeras denuncias en el ayuntamiento de Grazalema. En octubre de ese año, Ecologistas en Acción denunciaba públicamente los hechos ante la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Conviene recordar que una parte de la obra se había realizado sobre una zona que, además de la protección propia del dominio público hidráulico, estaba clasificada en la normativa urbanística municipal, el PGMO, como Sistema General de Espacios Libres, gozando por tanto de la máxima protección. La obra vulneraba también el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural vigente entonces que prohibía (en su art. 2.1.1. f.) “la realización de actuaciones constructivas que atenten contra la conservación y/o funcionalidad de los espacios del dominio público, en particular de las vías pecuarias y riberas de ríos y embalses”.

Estas denuncias pusieron al descubierto una trama de corrupción urbanística en la que fueron imputados el arquitecto municipal y los promotores y constructor de estas obras y que salpicó también al anterior alcalde de la localidad. En octubre de 2006, los juzgados anularon la licencia de construcción que había otorgado la alcaldesa de Grazalema en agosto de 2005, cuando ya habían empezado las obras.

Mientras tanto, el nuevo cauce del Guadalete, que había sido proyectado bajo el nombre “técnico” de “adecuación y recuperación ambiental del Dominio Público Hidráulico del río Guadalete a su paso por Grazalema” se había transformado en el disparatado canal de rocas


y cemento
que aún hoy podemos contemplar. No hace falta ser ingeniero de caminos canales y puertos ni experto hidráulica para comprobar que esta “actuación”, no solo no reducía el riesgo de inundaciones, sino que en caso de avenidas se agravaría los problemas.

La destrucción del cauce natural y la eliminación de la vegetación de sus riberas para permitir la construcción del bloque de viviendas, cuya planta aún contemplamos hoy, altera seriamente el régimen hidráulico del río en este tramo. Al eliminar los bloques de rocas y los cantos de su cauce natural y al aumentar la pendiente del tramo canalizado, de casi 90 metros en dos tramos rectos que alteran también el curso sinuoso del río, se provoca un aumento de la velocidad y turbulencia de las aguas en las crecidas, incrementando la torrencialidad de este Guadalete juvenil. Estas circunstancias contribuyen a crear un riesgo de desbordamiento, atenuado antes de las obras por el cauce natural del río. A todo ello se suma además el hecho de que las viviendas se construían a una cota menor que el cauce canalizado del río, separadas por un muro de rocas.

En noviembre de 2010, como consecuencia de las primeras sentencias judiciales, se derribó una pequeña parte de la obra, pero todo va demasiado despacio para restituir el cauce a su estado primitivo. Ya han pasado casi siete años, y entre denuncias, imputaciones, juicios, paralizaciones,… este atentado ecológico sigue sin resolverse, para vergüenza de todos. A finales de 2011, la delegada provincial de Medio Ambiente presentó un proyecto de restauración de ribera con el que se pretende recuperar el estado original del antiguo cauce natural. Con un presupuesto cercano a los 50.000 € y con un plazo de ejecución de seis meses, el proyecto contempla la retirada de los muros y escolleras, del canal de rocas y hormigón y la recuperación de la vegetación de ribera.

Esperemos que no haya que esperar otros siete años para que se ejecuten estas obras y el cauce del Guadalete a su paso por Grazalema, pueda recuperarse de los desmanes cometidos por algunos arquitectos, promotores, constructores y políticos.

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